* Más de 30 organizaciones acusan insuficiencia de iniciativas por parte del Estado y proponen medidas legislativas y de rediseño institucional.

México, DF, 26 de marzo de 2015. Adoptar medidas emergentes frente a la crisis de desapariciones, comenzando por legislar integralmente con la participación de la sociedad civil; en la misma forma, emitir leyes generales sobre tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones, y aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción mediante procesos abiertos a la ciudadanía, son algunas de las 20 acciones que presentaron hoy más de 30 organizaciones durante el foro “La Sociedad Responde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos”.

Las organizaciones convocantes –Fundar Centro de Análisis e Investigación y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez- estimaron que “la impunidad es el hilo que une a la corrupción con las graves violaciones a los derechos humanos”, pero señalaron que “no es una condición a la que las y los mexicanos estemos condenados”, pues experiencias de otros países muestran que es posible revertir esta situación a partir de la confluencia de los esfuerzos de actores civiles. Con acciones tanto en las calles como en el ámbito legal, coincidieron los ponentes, la sociedad civil podrá incidir en la grave crisis de derechos humanos y corrupción que vive México.

“Hay que exigirle al Estado, pero sin esperar nada del Estado”, resumió Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Justo cuando se cumple medio año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las y los participantes en el espacio de diálogo consideraron que este suceso, sumado a la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya a manos del ejército y al escándalo de corrupción en el caso de la Casa Blanca mostraron el rostro “menos luminoso de México”.

En el diálogo abierto inicial participaron Javier Hernández –representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos- y Jacqueline Peschard –titular del Seminario Universitario de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante la mesa sobre propuestas frente a la impunidad y las graves violaciones a derechos humanos, Viviana Krsticevic ponderó los derechos de las víctimas, el derecho a la verdad y la necesidad de información básica en el tema cono piedras angulares para revertir las violaciones; Katya Salazar, directora ejecutiva de la peruana Fundación Para el Debido Proceso, sostuvo que es necesaria la búsqueda de aliados y el apoyo a nivel internacional para dar a conocer la crisis que se vive; y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dibujó al Derecho como un instrumento para mover a las instituciones. Advirtió que se necesita que haya un reconocimiento de todos los actores de que está ocurriendo una crisis, pues en este momento para la narrativa oficial lo principal es el combate a la delincuencia.

En la mesa sobre combate a la impunidad y corrupción participaron César Rodríguez Garavito, director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes; Christian Gruenberg, abogado por la Universidad de Buenos Aires y Mauricio Merino, doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid, quienes coincidieron en que en México la agenda de transparencia, rendición de cuentas y anticorrupción está desvinculada a la agenda de derechos humanos. Indicaron que la corrupción se alimenta de la falta de rendición de cuentas, además de ser el origen para que existan violaciones de derechos humanos. Finalmente mencionaron que uno de los principales factores de desigualdad social es la corrupción.

En la mesa de propuestas para combatir la corrupción y la impunidad, Christian Gruenberg, experto en transparencia, señaló que desde la perspectiva de los derechos humanos se puede aportar para combatir estos males, por ejemplo, con la mirada de que es un tema estructural y que afecta especialmente a los sectores excluídos en su acceso a servicios públicos. César Rodríguez Garavito, director del Centro de Estudios de Derechos, Justicia y Sociedad, puntualizó que las políticas de rendición de cuentas se construyen con atención a los “detalles menudos” y a las áreas que la sociedad considere más riesgosas. Mauricio Merino, director de la Red por la Rendición de Cuentas, acusó la laxitud existente en cuanto a las responsabilidades públicas como la principal responsable de la crisis actual.

Algunos de los puntos propuestos por las organizaciones son: fortalecer las instancias ministeriales que investigan graves violaciones a los derechos humanos; retirar las reservas a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; garantizar la correcta implantación del nuevo sistema de justicia penal, cambiando también las prácticas; retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad; reformular las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, con estrategias específicas para la cometida por agentes estatales; aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia y protección de datos personales y garantizar procesos de designaciones públicas transparentes, entre otros.

La Sociedad Responde es una iniciativa que incluye propuestas alternativas de reformas legislativas, rediseño institucional y acciones concretas, con base en experiencias exitosas en otros países que atravesaron crisis similares, y es auspiciada por el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales.

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Agenda-Sociedad Responde by Fundar, Centro de Análisis e Investigación

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